Las promesas de Pedro Sánchez sobre vivienda en alquiler social parecen destinadas a estancarse. Pero, por si acaso, unas –las que afectan al territorio catalán– han tomado ventaja. Sánchez ha firmado a toda prisa 15 pactos con Cataluña para financiar 1.305 viviendas de alquiler social
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha firmado recientemente un total de 15 acuerdos con la Generalidad de Cataluña y 14 municipios de esta misma región para financiar la construcción de 1.305 viviendas en «edificios energéticamente eficientes» y cuya utilidad debe estar destinada «al alquiler social y asequible«, tal y como señala el Gobierno.
44,9 millones de euros
El Gobierno aportará, de este modo, 44,9 millones de euros de los 210,6 presupuestados para la ejecución de estos proyectos, divididos en 32 promociones, con cargo a los fondos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR).
La firma de los acuerdos surge justo cuando más dudas despierta la interminable lista de anuncios electorales lanzada por Pedro Sánchez en materia de vivienda social. Y es que, mientras que el resto de proyectos no deja de encontrar obstáculos burocráticos o de falta de celeridad, los de Cataluña parecen haber recibido ya un impulso.
«Los acuerdos recogen ayudas para la construcción de viviendas en Barcelona, Badalona, Mataró, El Prat de Llobregat, donde se firman dos acuerdos; Palau-solità i Plegamans, Cubelles, San Andreu de Llavaneres, Olesa de Montserrat, Figueres, Gironella, L’Ametlla del Vallès, Palafolls, Badía del Vallès y Sant Sadurní d’Anoia», explica la documentación del Gobierno.
Las actuaciones se llevarán a cabo, además, «en régimen de promoción pública o a través de distintas fórmulas de colaboración público-privada por sus respectivos ayuntamientos o empresas municipales de vivienda, además del INCASÒL (Instituto Catalán del Suelo)». Y la ciudad que más apoyo recibirá será Barcelona, con 413 viviendas en «once actuaciones» diferentes.
El Gobierno asegura que «a través de este plan de ayudas, el Ministerio pretende financiar el incremento del parque público de viviendas destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante promociones de obra nueva sobre terrenos de titularidad pública». Y es que estas viviendas están destinadas a formar parte del parque público durante un período mínimo de 50 años y «su consumo de energía primaria no renovable deberá ser inferior en un 20% como mínimo con respecto a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación». Las obras, de todos modos está previsto que finalicen el 30 de junio de 2026, es decir, de ninguna de las maneras de forma inmediata, como es absolutamente obvio y pese a los anuncios del Gobierno.
El programa está dotado con 1.000 millones de euros y el Mitma ha trasferido ya a la Comunidad Autónoma de Cataluña 80,8 millones de euros en el año 2022. Además, ha formalizado un «compromiso financiero con cargo a la anualidad del año 2023 por el mismo importe. La ayuda que se aporta es de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda con un máximo de 50.000 euros por vivienda».
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