La asociación que preside Daniel Portero ha presentado un escrito ante la fiscalía en el que asegura que la introducción de condenados por terrorismo en las listas electorales de EH Bildu para las próximas elecciones municipales es «un flagrante incumplimiento» de la Ley de Partidos Políticos que, por tanto, debería dar lugar a la «ilegalización» del partido proetarra.
En el escrito exigen a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que proceda «a la práctica de todas las diligencias que fueren necesarias y con la máxima diligencia, dado que están concurriendo a las elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco sujetos que han sido condenados por delitos de terrorismo».
Además, Dignidad y Justicia recalca también que la simple inclusión de condenados por asesinato en las listas de los municipios en los que cometieron sus crímenes y todavía viven las familias de los asesinados causa por sí misma «humillación y vilipendio» a las víctimas del terrorismo.
¿Se han cumplido todas las inhabilitaciones?
La asociación pide a la Fiscalía también que haga las comprobaciones necesarias para determinar si todos los condenados en las listas tienen cumplidas o no sus penas de inhabilitación para cargo público, lo que podría suponer que estén «incursos en causa de inelegibilidad», según lo estipula el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
En este sentido, exige asimismo que se determine si ha existido algún «fallo por parte de la Administración de Justicia en la ejecución de las sentencias impuestas a dichos sujetos, como en otras ocasiones ha ocurrido». En concreto se refiere a lo ocurrido en 2016, cuando el propio Arnaldo Otegi era parte de una candidatura en la que había otros etarras 46 condenados, sin que se hubiese complido su pena de inhabilitación, por lo que finalmente tuvo que ser excluido de las listas.
«En atención a esos antecedentes, esta asociación cree que es posible que alguno de estos 44 candidatos tenga pendiente de cumplimiento esa pena de inhabilitación para empleo o cargo público, lo que sería causa de inelegibilidad del artículo 6.2 LOREG», o constitutivo de un delito de «quebrantamiento de condena, prevista y penada en el artículo 468 del Código Penal», concluye Dignidad y Justicia.
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