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La ‘moda’ de la amenaza de bomba para escaparse de un examen en Canarias


SUCESOS

La Guardia Civil alerta de las consecuencias de esta práctica para cancelar las clases

Un aula en Canarias en foto de archivo EFE/ÁNGEL MEDINA G.

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil en Gran Canaria ha alertado de las consecuencias penales y civiles que conlleva la movilización de medios que en una falsa amenaza de bomba como las que se están llevando a cabo en diferentes centros de educación secundaria de la isla.

Este tipo de falsas alarmas que se está convirtiendo en una práctica habitual en Canarias, y se están realizando con la intención de evitar los exámenes que están realizando en estas fechas de finales de curso de forma recurrente entre los jóvenes para la cancelación de las clases, evitando así el cumplimiento de los horarios lectivos. Además estas acciones se ven incentivadas por vídeos e imágenes en redes sociales por los jóvenes para aumentar sus seguidores y si consiguen grabaciones de las consecuencias y los medios movilizados tras este tipo de alertas hacer los vídeos virales.

En este tipo de hechos se actúa como si se tratara de casos reales, por lo que se activa con la máxima rapidez y urgencia los recursos más cercanos para evacuar a las personas de los centros educativos y acordonar la zona afectada, habilitando una zona de seguridad en los alrededores para la posterior actuación del Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) especialistas en este tipo de amenazas

Por otro lado, y debido a la gravedad de este tipo de amenazas, el procedimiento habitual es movilizar los medios y servicios de emergencias necesarios, (bomberos, ambulancia, entre otros recursos) teniendo todo ello consecuencias administrativas y económicas. Todas las acciones que constituyan un ilícito son investigadas por la Guardia Civil, que pueden identificar fácilmente a sus autores haciendo un seguimiento de los medios utilizados para realizar la falsa alerta.

La Guardia Civil ha recordado que los autores que lleven a cabo este tipo de acciones incurren en el delito de desórdenes públicos, e implicar la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, está castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.




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